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Vivir bajo una dictadura no es simplemente soportar un régimen autoritario: es existir entre ruinas invisibles. Las ruinas de los sueños, de la voz que ya no puede alzarse, de la familia que se desintegra en la distancia. Es el precio que han pagado millones de venezolanos al verse obligados a huir del país que los vio nacer, del suelo donde enterraron a sus abuelos, del idioma que allá tiene otro acento, de la patria que quedó secuestrada por el miedo.

Huir de la dictadura de Nicolás Maduro no ha sido una elección. Ha sido un acto de supervivencia. Una reacción desesperada frente al hambre, la persecución política, la censura, y la criminalización de toda disidencia. Cuando el derecho a hablar se convierte en delito, cuando escribir un tuit puede significar una celda sin juicio, cuando una protesta pacífica termina en represión brutal, entonces la vida misma se vuelve una jaula.

La libertad de expresión no fue solo coartada: fue destruida sistemáticamente. Medios cerrados, periodistas presos, emisoras silenciadas. Las palabras empezaron a doler. Se escribían con miedo, se susurraban. Y llegó un momento en que muchos supieron que quedarse era morir en cámara lenta. Irse, aunque fuera cruzando ríos, selvas o desiertos, se volvió la única salida.

Pero el exilio no cura las heridas. Las transforma. Porque no se migra solo con maletas: se migra con culpas, con duelos, con ausencias que pesan más que cualquier equipaje. Se migra con rabia contenida, con impotencia, con la marca del desarraigo tatuada en el pecho. No es solo empezar de nuevo, es cargar con un país a cuestas, uno que ya no existe como lo recuerdas.

El que huye de una dictadura no es un turista. Es un sobreviviente. Cada vez que calló para no ser detenido. Cada vez que ocultó su rostro en una protesta. Cada vez que vio partir a un amigo que no volvió. El exiliado lleva en sí mismo la historia rota de una nación entera, y en su mirada se refleja el dolor de los que aún resisten allá, en silencio, bajo un régimen que persiste a fuerza de hambre, de propaganda, y de sangre.

Pero a pesar del destierro, de la nostalgia que se instala como un huésped permanente, muchos no han dejado de luchar. Desde el exilio se alzan voces que no pudieron callar, se organizan comunidades, se defiende la verdad. Porque, aunque la dictadura pretenda borrar la historia, existe una memoria que resiste, y una esperanza que no se rinde.

Y es que incluso desde la distancia, Venezuela sigue latiendo en cada uno de sus hijos desperdigados por el mundo, como un país fragmentado pero no vencido.

El 3 de octubre de 2025, Estados Unidos ejecutó un operativo militar contra una embarcación en aguas cercanas a las costas venezolanas. Según el Pentágono, el barco estaba vinculado al narcotráfico internacional y cuatro personas murieron durante la acción.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que se trataba de un navío que transportaba grandes cantidades de drogas y lo calificó como parte de la “guerra contra los carteles”, los cuales han sido catalogados por Washington como organizaciones narco-terroristas.

La respuesta de Maduro

Nicolás Maduro rechazó las acusaciones, señalando que Estados Unidos busca justificar sus ataques con una narrativa fabricada para encubrir intereses políticos y económicos sobre los recursos de Venezuela. Incluso ha cuestionado los videos presentados por Washington, sugiriendo que podrían ser manipulados con inteligencia artificial. Lo cierto es que una vez más Maduro y su círculo quedan al descubierto y cada vez más su vinculación con el Cartel de los Soles.

Contexto en aumento

Este ataque se suma a otras operaciones recientes en el Caribe, donde EE.UU. asegura haber interceptado y hundido barcos relacionados con el Cartel de los Soles y otras redes delictivas ligadas al chavismo.

El choque entre las versiones de ambos gobiernos no hace más que intensificar la tensión política y militar en la región, con Venezuela en el centro de una nueva disputa global sobre narcotráfico, soberanía y poder.

Durante casi tres décadas, Venezuela ha estado marcada por una larga y oscura etapa de dictadura disfrazada de democracia. En estos 27 años, miles de venezolanos han sido encarcelados injustamente: hombres y mujeres cuyo único “delito” fue alzar la voz contra la corrupción, la represión y el abuso de poder. Sus historias son un reflejo de la lucha de todo un pueblo que exige justicia, libertad y dignidad.

Cada preso político representa un hogar fracturado, una familia que vive en la incertidumbre y en el dolor de no saber cuándo podrá volver a abrazar a su ser querido. Son estudiantes, periodistas, militares, dirigentes sociales, trabajadores comunes… venezolanos como cualquiera de nosotros que fueron castigados por ejercer derechos fundamentales: pensar diferente, protestar pacíficamente, exigir elecciones libres, denunciar la violación sistemática de derechos humanos.

En las cárceles de la dictadura, la tortura física y psicológica se ha convertido en herramienta de control. Celdas sin luz, tratos crueles, aislamiento prolongado, juicios amañados y ausencia total de garantías procesales son parte del calvario que muchos han debido enfrentar. Estas prácticas no solo buscan castigar, sino también infundir miedo en toda la población, como un recordatorio de lo que ocurre cuando alguien se atreve a desafiar al régimen.

Hoy, más que nunca, debemos levantar la voz para exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos. No se trata de cifras, se trata de vidas. Se trata de devolverle la esperanza a un país que ha sido herido, dividido y sometido, pero que aún mantiene encendida la llama de la resistencia.

La verdadera libertad de Venezuela no será plena mientras existan compatriotas tras las rejas por pensar distinto. Es hora de convertir el dolor en acción, de transformar la indignación en unidad, y de recordarle al mundo que Venezuela no está sola, que sus hijos siguen de pie y que ningún poder, por más que intente prolongarse, puede apagar para siempre el deseo de justicia y democracia.

La historia demuestra que ningún régimen autoritario es eterno. Los pueblos siempre encuentran la forma de romper las cadenas. Y cuando ese día llegue, cuando se abran las puertas de esas celdas injustas, no solo se liberará a los presos políticos, también renacerá la esperanza de toda una nación.

En Venezuela, hablar de presos políticos no es un asunto del pasado: es una herida abierta que sigue creciendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, más de 800 venezolanos permanecen tras las rejas por atreverse a pensar distinto, protestar o denunciar la corrupción y el desastre que asfixia al país. Entre ellos hay militares, estudiantes, periodistas, activistas y hasta ciudadanos comunes que simplemente alzaron la voz.

Estas detenciones no responden a la justicia, sino a la necesidad del régimen de imponer miedo. Los juicios son farsas, las desapariciones forzadas se han vuelto rutina y las cárceles son centros de tortura y muerte lenta. Todo esto ocurre mientras Maduro se aferra al poder tras unas elecciones fraudulentas y sin credibilidad, blindado por un aparato judicial y militar que funciona como brazo represivo y no como garante de derechos.

Cada preso político es un testimonio vivo del carácter dictatorial de un gobierno que necesita encarcelar a sus opositores para sobrevivir. Y cada día que pasan tras las rejas es una condena también para toda Venezuela: un país reducido al silencio, la persecución y la humillación de ver a sus mejores hombres y mujeres convertidos en rehenes del poder.

La comunidad internacional puede seguir emitiendo comunicados, pero lo cierto es que mientras Nicolás Maduro siga en Miraflores, la represión será la norma y no la excepción. Hablar de democracia en Venezuela sin libertad para sus presos políticos es simplemente hablar de una mentira.

En las últimas semanas, la administración de Donald Trump ha puesto nuevamente a Venezuela en el centro de su agenda internacional. Las medidas no solo apuntan contra Nicolás Maduro, sino también contra lo que EE. UU. denomina el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico integrada –según Washington– por altos mandos militares y civiles del régimen venezolano.

El contexto

Venezuela ha sido señalada desde hace años como un punto estratégico en las rutas del narcotráfico. Sin embargo, bajo Trump se ha escalado el discurso y la acción, pasando de sanciones económicas tradicionales a un enfoque militar y de seguridad nacional.

Las principales medidas

1. Designación terrorista: El Cartel de los Soles fue catalogado como entidad terrorista global. Esto abre la puerta a sanciones financieras y persecución internacional.
2. Recompensa por Maduro: El Departamento de Estado duplicó la recompensa por su captura, reforzando la acusación de “narco-terrorismo”.
3. Presión económica: Cancelación de licencias petroleras, aranceles contra países que compren crudo venezolano y sanciones secundarias buscan asfixiar las fuentes de ingreso del régimen.
4. Operaciones militares: Buques y marines desplegados en el Caribe, junto con ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, marcan un salto hacia la acción directa.
5. Política migratoria: Uso de la Alien Enemies Act para acelerar deportaciones de venezolanos vinculados a bandas criminales como el Tren de Aragua, algo sin precedentes en la historia reciente.

¿Estrategia efectiva o riesgo calculado?

Aquí surge la pregunta clave: ¿estas medidas realmente atacan el corazón del narcotráfico o son una estrategia política que mezcla seguridad, control migratorio y presión geopolítica?

• Efectividad limitada: Los expertos señalan que el narcotráfico es una red transnacional que no se resuelve con sanciones ni despliegues navales aislados.
• Impacto humanitario: Las sanciones suelen golpear más a la población que al poder político, profundizando la crisis social y migratoria.
• Escalada militar: Operaciones armadas en aguas internacionales elevan el riesgo de confrontación directa con Venezuela, algo que podría desestabilizar aún más la región.
• Uso político interno: La narrativa de “mano dura” contra Maduro y el narcotráfico puede reforzar la imagen de Trump como líder fuerte, especialmente de cara a la política interna en EE. UU.

Conclusión

Las políticas de Trump hacia Venezuela muestran una mezcla de guerra contra las drogas, estrategia de presión internacional y cálculo político interno. Mientras tanto, para Maduro, estas acciones se convierten en un recurso para denunciar “agresión extranjera” y consolidar su narrativa de resistencia.

El resultado: un tablero geopolítico cada vez más tenso donde, una vez más, la población venezolana queda atrapada entre sanciones, represión interna y un conflicto que trasciende las fronteras.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe no surge de la nada. Responde a años de investigaciones que señalan a Nicolás Maduro y a la cúpula del llamado “Cartel de los Soles” como responsables de utilizar a Venezuela como corredor de drogas hacia Norteamérica y Europa. Bajo su mando, un país rico en recursos terminó convertido en refugio de capos, cómplices y estructuras criminales enquistadas en el poder.

Maduro ha querido disfrazar estas acusaciones como un “ataque imperialista”, pero lo que realmente ocurre es que su régimen perdió toda legitimidad al transformar las instituciones del Estado en brazos del narcotráfico. No se trata solo de corrupción política: hablamos de un sistema que convirtió al Ejército en custodio de cargamentos de cocaína y al propio presidente en acusado de conspirar contra la seguridad internacional.

Mientras millones de venezolanos huyen del hambre, la represión y la miseria, la cúpula chavista amasa fortunas manchadas de droga y sangre. La “revolución bolivariana” terminó siendo un negocio ilícito para enriquecer a unos pocos, sostenido por la violencia y el crimen organizado.

Por eso, la ofensiva de Estados Unidos en el Caribe tiene un mensaje claro: Maduro ya no es solo un dictador, es un jefe criminal señalado a nivel global. Venezuela dejó de ser vista únicamente como una nación en crisis, para convertirse en un problema de seguridad internacional. Y el responsable directo de esta tragedia tiene nombre y apellido: Nicolás Maduro.

Los recientes ataques y señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra el denominado Cartel de los Soles vuelven a poner en evidencia la degradación del régimen de Nicolás Maduro y el profundo vínculo entre estructuras del poder político venezolano y redes criminales internacionales. Lejos de ser un simple recurso propagandístico, estas acusaciones se sustentan en investigaciones que exponen cómo altos mandos militares y civiles, bajo la sombra del madurismo, han convertido al Estado en un vehículo para el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción sistemática.

La respuesta de Maduro, siempre cargada de victimización y discursos antiimperialistas, intenta ocultar lo inocultable: que en Venezuela se consolidó un sistema de mafias disfrazado de gobierno, donde la cúpula que debería proteger al pueblo utiliza la soberanía nacional como escudo para encubrir sus negocios ilícitos. El verdadero ataque no proviene del extranjero, sino desde el propio poder que ha sumido al país en la miseria, mientras las élites cercanas al régimen se enriquecen con prácticas delictivas.

Los golpes externos contra el Cartel de los Soles no son un atentado contra Venezuela, sino un recordatorio al mundo de la urgencia de desmontar un entramado criminal que opera bajo la protección del Palacio de Miraflores. Cada nueva sanción, acusación o investigación internacional deja más claro que la figura de Nicolás Maduro no es la de un jefe de Estado legítimo, sino la de un operador político al servicio de intereses oscuros.

Hoy se cumple un año desde que el periodista y activista venezolano Roland Carreño fue detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Un año sin libertad, sin juicio justo, sin respeto por sus derechos fundamentales.

Su único “delito”: informar, denunciar y ejercer la política desde la verdad y la conciencia ciudadana.

La detención de Roland no es un hecho aislado. Es parte de una sistemática persecución contra la prensa libre y la disidencia en Venezuela. Su caso representa el miedo de un poder que no tolera voces críticas ni miradas independientes.

Hoy alzamos la voz por los periodistas que han sido detenidos, perseguidos y silenciados por un régimen que teme a la verdad. En un país donde la libertad de expresión ha sido secuestrada, contar lo que realmente ocurre se ha convertido en un acto de valentía.

Estos comunicadores no empuñaron armas, solo cámaras, micrófonos y palabras. Pero eso fue suficiente para que el gobierno los encerrara, los acosara o los obligara al exilio.

Mientras el poder se aferra al control absoluto, ellos resisten con la fuerza de la verdad. Porque un país sin prensa libre es un país sin futuro.

Libertad para los periodistas presos en Venezuela. Sin libertad de prensa, no hay democracia.

En un país donde el silencio se impone a la fuerza, contar la verdad se ha convertido en un acto de valentía. En Venezuela, ser periodista no es simplemente ejercer una profesión: es resistir, es denunciar, es ponerse en la línea de fuego por el derecho de todos a estar informados.

Hoy, muchos de esos hombres y mujeres valientes están tras las rejas. ¿Su delito? Hacer preguntas incómodas, revelar realidades que el poder quiere ocultar, dar voz a quienes el régimen ha intentado callar. Su único crimen ha sido cumplir con el deber ético de informar.

Cada periodista preso representa una herida abierta en la libertad de expresión. Sus historias, sus vidas, sus familias, cargan con el peso de una injusticia que nos afecta a todos. Porque cuando se encarcela a un periodista, se encarcela también el derecho de un pueblo a saber, a cuestionar, a exigir.

No podemos mirar hacia otro lado. El periodismo no debe pagarse con cárcel. Venezuela merece libertad, y esa libertad empieza por liberar a quienes hoy están detenidos por ejercer su derecho –y nuestro derecho– a la verdad