
Los recientes ataques y señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra el denominado Cartel de los Soles vuelven a poner en evidencia la degradación del régimen de Nicolás Maduro y el profundo vínculo entre estructuras del poder político venezolano y redes criminales internacionales. Lejos de ser un simple recurso propagandístico, estas acusaciones se sustentan en investigaciones que exponen cómo altos mandos militares y civiles, bajo la sombra del madurismo, han convertido al Estado en un vehículo para el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción sistemática.
La respuesta de Maduro, siempre cargada de victimización y discursos antiimperialistas, intenta ocultar lo inocultable: que en Venezuela se consolidó un sistema de mafias disfrazado de gobierno, donde la cúpula que debería proteger al pueblo utiliza la soberanía nacional como escudo para encubrir sus negocios ilícitos. El verdadero ataque no proviene del extranjero, sino desde el propio poder que ha sumido al país en la miseria, mientras las élites cercanas al régimen se enriquecen con prácticas delictivas.
Los golpes externos contra el Cartel de los Soles no son un atentado contra Venezuela, sino un recordatorio al mundo de la urgencia de desmontar un entramado criminal que opera bajo la protección del Palacio de Miraflores. Cada nueva sanción, acusación o investigación internacional deja más claro que la figura de Nicolás Maduro no es la de un jefe de Estado legítimo, sino la de un operador político al servicio de intereses oscuros.
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