Estados Unidos identificó al Cártel de los Soles —una red integrada por altos mandos militares, funcionarios y operadores del régimen venezolano— como una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional, al lavado de dinero y a operaciones de corrupción a gran escala. La designación se basó en años de investigaciones federales, interceptaciones, testimonios de desertores y decomisos de cargamentos de droga vinculados directamente a estructuras del Estado venezolano.
En 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. dio un paso histórico: acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus principales colaboradores por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense y participación directa en la protección del Cártel de los Soles. La acusación describe a Maduro como la figura que permitió, coordinó y supervisó rutas, cargamentos y alianzas con grupos armados como las FARC, recibiendo beneficios políticos y económicos a cambio.
Esta designación no solo exhibe el grado de penetración del narcotráfico en la élite del poder venezolano, sino que coloca al régimen en la misma categoría de organizaciones criminales transnacionales perseguidas por EE.UU., con recompensas millonarias por información que lleve a la captura de sus miembros.
En esencia: Maduro y el Cártel de los Soles fueron señalados como una organización de narcoterrorismo protegida desde el Estado, responsable de utilizar a Venezuela como corredor de cocaína y como plataforma de poder
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